La igualdad de género es uno de los principios importantes que tomará en cuenta el servicio civil para regular la forma en que se remunerará a las personas.

Estas han sido las declaraciones de Juan Carlos Cortés Carcelén, presidente ejecutivo de la Autoridad Nacional del Servicio Civil (SERVIR) quien tiene la responsabilidad de ordenar con criterios eficientes y modernos la administración pública de nuestro país, grueso contingente de trabajadoras y trabajadores que suman, aproximadamente, medio millón de personas.

En el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables saludamos tales declaraciones porque fijan una posición institucional acorde con criterios de equidad e igualdad consagrados en nuestra Constitución Política, en la ley Nº 28983, de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, así como en los acuerdos suscritos por el Estado peruano en la plataforma de Beijing.

Lograr la igualdad de condiciones en el trabajo y la remuneración es justamente uno de los objetivos estratégicos que promueve el Plan Nacional de Igualdad de Género 2012-2017 que se presentará públicamente en los próximos días.

En términos claros se busca que las mujeres reciban igual remuneración por igual trabajo, o lo que es lo mismo, eliminar la discriminación que por años han sufrido las mujeres en el espacio laboral. Así, un estudio comparativo de Save The children muestra que el ratio de los ingresos femeninos sobre los masculinos en nuestro país es de 0.59. Por otra parte de acuerdo al último informe del cumplimiento de la Ley de Igualdad de Oportunidades, solo en cuatro sectores públicos, la participación de la mujer en cargos directivos llega al 40 %.

Por ello, hay mucho por hacer en la gestión de los recursos humanos de la administración pública porque aún subsisten pronunciadas brechas de género que se traducen en discriminación laboral hacia las mujeres.

El MIMP y Servir vienen coordinando la firma de un convenio que permita al primero, en el marco de su rectoría, apoyar el desarrollo de una línea de trabajo para incorporar en los Planes de Desarrollo de las Personas (PDP) al Servicio del Estado, competencias dirigidas a la gestión de políticas de igualdad de género. Así se espera que al año 2017, el 50% de PDP de las instituciones incluyan dichas competencias.

23 de agosto 2012