El MIMP y el INEI impulsan acciones para implementar Ley Nº29700 que incluye en las cuentas nacionales el trabajo no remunerado


Los días 29 y 30 de Octubre del 2012, se llevó a cabo en Lima, el Seminario Internacional “El Trabajo-No Remunerado en la Medición de la Actividad Económica y el Bienestar: Las encuestas de uso del tiempo, como insumo para el cálculo de la Cuenta Satélite del Trabajo No-Remunerado en los hogares”, organizado por el MIMP y el INEI, que contó con la participación de expertas internacionales, así como con el apoyo técnico y financiero de CEPAL y OPS.

El desarrollo de estas acciones desde nuestro sector, a través de la Dirección General de Igualdad de Género y No Discriminación, en coordinación con el INEI, tienen como fin impulsar la implementación de la Ley Nº 29700.

La referida Ley que dispone la inclusión del trabajo no remunerado en las cuentas nacionales, con especial énfasis en el trabajo doméstico no remunerado, fue emitida en junio del año 2011 con el mandato de su pronta implementación.

Esta norma también establece la ejecución periódica de las Encuestas Nacionales de Uso del Tiempo, como un instrumento metodológico para medir el trabajo no remunerado y conocer cómo es distribuido diferenciadamente por mujeres y hombres en los diferentes ámbitos y regiones de nuestro país.

Una de las importantes razones para impulsar la inclusión del trabajo no remunerado, en especial el trabajo doméstico no remunerado, en las cuentas nacionales es que de esta manera se comienza a reconocer el trabajo que cotidianamente realizan las mujeres, el mismo que al tener un valor económico debe ser cuantificado y valorado por su contribución al bienestar y desarrollo del país.

Justamente, a través de la Encuesta Nacional del Uso del Tiempo realizada el año 2010, se pudo apreciar cómo las mujeres trabajan más, tanto en relación a la suma total de trabajo remunerado y trabajo doméstico no remunerado, como respecto solo al trabajo doméstico no remunerado, es por ello urgente que esta información sea tomada en cuenta por el Estado peruano para implementar políticas sociales que respondan a estas demandas.

Lima, 30 de octubre del 2012