La eliminación de la orientación sexual e identidad de género en el DL 1323, como forma de discriminación sancionada penalmente, es un retroceso en la protección de los derechos humanos de la población LGTBI, y un desconocimiento selectivo de la lucha contra la violencia que contra ella se ejerce, afectando los fines de la Seguridad Ciudadana en nuestro país.

En el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables consideramos que dicha decisión contraviene la jurisprudencia y mandatos internacionales de Derechos Humanos, e impulsaremos una norma que penalice los actos de discriminación contra las personas LGTBI

Un país inclusivo y moderno, protege el goce y ejercicio de los derechos de todas las personas sin discriminación.